PRONUNCIAMIENTO
SOBRE LA SITUACIÓN DEL VIH Y SIDA EN CENTROAMÉRICA
El
presente documento consiste en un pronunciamiento por parte del
Observatorio Centroamericano
de VIH, hacia los compromisos que los Gobiernos Centroamericanos
adquirieron en la Declaración de los Presidentes durante el
CONCASIDA 2005, celebrado en El Salvador. El
propósito es evidenciar la carencia de una respuesta
efectiva
por parte de los gobiernos de Centroamérica, así
como
monitorear las acciones de la sociedad y civil y las ONG en la
respuesta a las PCV, ante la falta de cumplimiento de los compromisos
por parte de los Estados.
Se hace
así
una revisión de las Declaraciones 2, 4 y 5, que se refieren
a
las temáticas de estigmatización, medidas
legales,
atención a la niñez y adolescencia y acceso al
tratamiento, con la participación de delegaciones que
representan a los siguientes países: Guatemala, El
Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
Sobre
la Declaración No. 2
“Nuestro
convencimiento de que la estigmatización y
discriminación
que sufren las personas infectadas y afectadas por el VIH y Sida
constituye una pesada carga totalmente inaceptable, por lo que
tomaremos las medidas necesarias, tanto legales como educativas,
informativas y comunicacionales para asegurar un abordaje
más
efectivo en toda la población, con el propósito
de
disminuir actitudes discriminatorias y mejorar el conocimiento y acceso
a la protección de derechos de las personas que viven con
VIH y
Sida.”
La
tendencia de la
región Centroamericana, apunta a que es la sociedad civil la
que
lidera la socialización de la ley y promueve los derechos
humanos de las PCV (Personas con VIH). Sobre la legislación
en
Guatemala, es la sociedad civil la que lidera la reforma a la ley y
presentó la propuesta de reforma al congreso. En Nicaragua,
la
sociedad civil presentó la propuesta a CONISIDA y
ésta la
debe presentar a la Asamblea Nacional.
No se
le ha dado una
difusión efectiva a la Ley del VIH, que garantice el cuidado
de
los Derechos Humanos en las PCV. No hay seguimiento a las violaciones a
la ley por parte del Estado, son las ONG las que realizan esto. No hay
cobertura nacional, ni se da seguimiento al cumplimiento de leyes,
reglamentos y normas. No hay un programa de actualización al
personal correspondiente de las dependencias encargadas.
Las
pocas
actividades de incidencia política son producto de la
iniciativa
de la sociedad civil. Las acciones de la procuraduría de
Derechos Humanos no tienen el impacto necesario y dependen de
financiamiento temporal, a pesar de que trabajan con PCV, como
estrategia transitoria. En el caso de Guatemala, hay una
acción
incipiente en la Procuraduría de Derechos Humanos, con
asesoría y seguimiento a casos particulares. Sin embargo,
esta
acción no deviene de esfuerzos del Estado, sino que es
apoyado
por el Fondo Mundial.
En las
escuelas y
colegios se ofrecen ciertos temas, pero no de manera
sistemática
o dirigida en programaciones curriculares de los Ministerios de
Educación. Es un tema que se da, pero de forma superficial,
esporádica, aislada. Por ejemplo, en las medidas educativas
implementadas, los Ministerios de Salud y Educación de
Guatemala
establecieron, en la reforma educativa del 2005, la
inclusión
del VIH en el currículo de primaria y secundaria. Se han
dado
capacitaciones esporádicas a docentes y estudiantes. Sin
embargo, no ha habido un proceso de seguimiento, monitoreo y
evaluación de la aplicación, lo cual obstaculiza
cualquier efecto multiplicador posterior.
Dentro
de los
programas educativos, en la mayoría de los países
de la
región el VIH y Sida está en los
currículos, pero
no se pone en práctica. Todavía se maneja el
tabú
de que hablar de sexualidad no es apropiado en
niños tan
pequeños. En el ámbito centroamericano se ha
tratado de implementar
un programa de VIH y Sida, ITS y uso correcto del condón:
pero
aunque aparece en los currículos, este no se
está dando. En El Salvador, por ejemplo, el Ministerio de
Educación tiene programas “en
teoría”, de
unas guías metodológicas, pero estas
guías nunca
fueron recogidas por los maestros: los maestros no fueron capacitados.
Hubo una capacitación en el 2001, para representantes de
cada
centro educativo nacional (no privado) y de los 120 convocados, solo 10
se acercaron.
La
sociedad civil ha
desarrollado capacitaciones dirigidas a la población
general. No
obstante, estas experiencias no están sistematizadas y
tampoco
hay reportes consolidados que den sostenibilidad a los avances y
acciones.
La
publicidad, a
través de los medios de comunicación, ha sido una
actividad asumida por la sociedad civil de manera incipiente y con
recursos limitados. Asimismo, son acciones que no están
sistematizadas. No hay campañas específicas para
poblaciones infantiles, ni para mujeres o para HSH (hombres que tienen
sexo con hombres).
Sobre
el combate al
estigma y la discriminación, ha habido acciones aisladas por
parte de la sociedad civil y el gobierno. Hay organizaciones de PCV que
han respondido a la epidemia desde sus inicios, en la
promoción
y defensa de sus derechos. A nivel regional hay
discriminación
en los espacios laborales, cuando se solicitan las pruebas de VIH al
solicitar trabajo (como en el caso de Guatemala en: la
policía
nacional civil, en la escuela de enfermería, y en la
mayoría de empresas privadas; o en el caso de Nicaragua,
inclusive en la Procuraduría de Derechos Humanos se
descuenta el
día a un colaborador las veces que necesita acudir a citas
de
atención médica).
A nivel
regional, no existen programas de acceso a vivienda, ni programas de
asistencia en educación dirigidos a PCV.
Sobre
la Declaración No. 4
“Nuestro
reconocimiento de que el impacto del VIH en niños y
niñas
es uno de los efectos más devastadores de la epidemia y
nuestro
acuerdo para apoyar plenamente la campaña mundial sobre
niñez y Sida, dentro del marco de los Objetivos de
Desarrollo
del Milenio.”
Hay una
invisibilización general de los jóvenes y
niños
con VIH: en los grupos de apoyo hay solo adultos y prevalecen
más los hombres. Aunque las familias creen que
“apoyan” a los jóvenes, los sacan de los
estudios,
etiquetan cubiertos para comer por temor a la trasmisión y
se
maneja la creencia de que el VIH es “consecuencia de tu
desobediencia”.
Los
gobiernos tienen
programas en el tratamiento para prevenir la trasmisión
vertical
de madre a hijo, durante el embarazo. Sin embargo, estos programas
precisan de una estructura más estratégica,
basada en una
política regional a nivel Centroamericano. Ha sido la
sociedad
civil, a través de las ONG, quienes han promovido el
fortalecimiento de programas de prevención,
atención y
tratamiento del VIH y Sida en los países. Esto ha
incentivado a
que las instituciones estatales descansen en los esfuerzos de las ONG.
Las
edades en las
que más prevalece el embarazo son de 13-24 años y
hay
mucho estigma dentro de la familia y en las mismas instituciones.
Algunos ejemplos incluyen la experiencia de los SIBASI (El Salvador),
donde hay programas de apoyo para embarazos a precoz edad, pero con
poca participación debido al mal manejo de los grupos y
temáticas. En Honduras, existe el Programa de
Prevención
de la transmisión madre-hijo, además de que la
mayoría de los países de la región ha
incorporado
el Tamizaje.
En
Guatemala se han
desarrollado procesos de capacitación para Comadronas, para
que
sean canales de información para las mujeres embarazadas; no
obstante, este esfuerzo no ha contado con apoyo gubernamental. En El
Salvador, el medicamento que las mujeres embarazadas deben tomar es
Kaletra (un antirretroviral de rescate, ya que los efectos secundarios
son más atenuados). Esto tiene consecuencias de alto riesgo
para
la madre, ya que cuando necesite cambiar su esquema de medicamentos, el
Kaletra no le hará efecto.
La toma
de
decisiones, por parte de las Organizaciones Gubernamentales, encuentra
su más grande obstáculo en la carencia
generalizada de
datos estadísticos o información concreta, con
respecto
al manejo de antirretrovirales durante el embarazo. Aunque, por
ejemplo, la campaña para la trasmisión vertical
es muy
fuerte en El Salvador, no así en los otros países
(cabe
mencionar que, aún en El Salvador, la campaña
plantea que
la prueba es voluntaria y sin embargo, en algunos casos, se hace
obligatoriamente sin pre ni post consejería). En todos los
países de Centro América, las pruebas para las
mujeres
embarazadas son gratuitas, pero no siempre hay reactivos. Y todo el
proceso para hacer dicha prueba no se toma en cuenta.
En el
trabajo que se
está haciendo con la niñez y los
jóvenes, es
imposible la reducción de la propagación del VIH
y Sida,
ya que no hay una estrategia sistemática de
prevención en
la niñez y en la juventud. Los Hospitales de
Niños han
retomado la preocupación por el VIH y Sida en la
población infantil. Sin embargo, en algunos
países (como
Costa Rica o El Salvador), hay una separación de la
atención hospitalaria entre madres e hijos.
No hay
una
información sistematizada de los beneficiarios de
antirretrovirales, por lo que, evidentemente, tampoco existe esta
información respecto a las poblaciones de niños y
adolescentes.
Es
preocupante la
falta de programas de atención con respecto a los efectos
secundarios de la TARV: en El Salvador, por ejemplo, solamente se
brindan las pastillas y el horario. En Panamá, el
infectólogo informa a los padres del niño,
niña o
adolescente sobre lo que el medicamento puede causar, aunque este
acompañamiento depende de la formación y carisma
del
profesional. En Costa Rica, se da una capacitación, pero sin
protocolo alguno de seguimiento: las ONG lo asumen.
Es
importante tomar
en cuenta que la TARV está diseñada
particularmente para
una población de hombres de cierta edad: los efectos
secundarios
son más graves en jóvenes. Muchas personas no
saben
porqué les ocurren esos efectos secundarios y el
médico
no se sienta a platicar sobre la situación de salud con la
persona. Hay una profunda discriminación para con las PCV en
la
atención hospitalaria. En el caso de atención a
las
mujeres, hay falta de formación en el personal de salud.
En el
acompañamiento para la TARV, la información de
efectos
secundarios a mediano y largo plazo resulta carente. Los efectos de
corto plazo son más discutidos, pero aquellas repercusiones
que
cambian la vida y el entorno, no se dicen, con el agravante de que, en
muchos países, no se puede cambiar el tratamiento a uno de
generación superior, porque el país no cuenta con
los
medicamentos.
A nivel
regional no
existen programas de los entes gubernamentales dirigidos a la
niñez. Tampoco se ha dado información y
capacitación sobre VIH a los padres y educadores, lo que ha
hecho que la educación sea muy ambivalente. Aunque
existan
programas en los currículos educativos, estos no se ponen en
práctica de manera sistemática. Y aunque existan
campañas generalizadas, no hay campañas enfocadas
a
grupos en específico. Los jóvenes se quejan
porque no hay
información tan clara como ellos la necesitan y no hay
campañas dirigidas a ellos.
La
población
infantil con VIH es invisibilizada a nivel general en la
región.
En el Hogar “El Jardín de Amor” (El
Salvador), los
niños van a las escuelas públicas que
están cerca
del Hogar, sin embargo sufren mucho del estigma,
discriminación
y victimización: así, muchos niños
prefieren
retirarse de la escuela. Podría decirse que los
niños
centroamericanos con VIH reciben el mensaje de que su
situación
de salud es tabú y se les pide que no digan su
diagnóstico. Sin embargo, la información muchas
veces se
filtra. Inclusive, en algunos casos, la descentralización
del
medicamento se constituye en un agravante, porque en los pueblos
pequeños y zonas rurales, todas las personas se conocen y
son
sujetos de más discriminación y violencia.
Ningún
país ha hecho nada con respecto a los niños
huérfanos de padres VIH. En Costa Rica, no hay una
política estatal con respecto a los niños
huérfanos: las ONG ha venido a llenar esas brechas. En
Guatemala, a nivel de campaña no se ha visto la
problemática: hay tres organizaciones, pero se cree que solo
esos son los niños con Sida y que no hay más.
Es muy
difícil que un Hogar, como Institución, acepte a
los
niños con VIH. La mayor parte del trabajo con
niños
huérfanos en Centroamérica es desarrollado por
ONG. No
obstante, no hay un informe estadístico con respecto a los
niños huérfanos.
En un
ambiente
católico centroamericano y conservador, los gobiernos se
vuelven
débiles, negligentes e inoperantes ante la
promoción del
condón para el acatamiento de las Declaraciones del Milenio.
Las
relaciones sexuales en los países de la región se
inician
a los 13-15 años. Los jóvenes reconocen la
conceptualización de lo que se da en campañas,
pero al
preguntarles sobre aspectos más específicos o
métodos de prevención, no interiorizan el
mensaje. Las
campañas se enfocan a la abstinencia sexual y la fidelidad
mutua
(que, en el caso de adolescentes, puede mantenerse la fidelidad, pero
las relaciones cortoplacistas hacen probable que los jóvenes
tengan múltiples noviazgos en un año, por lo
tanto,
múltiples parejas sexuales). El manejo de las
campañas
está alimentado por el miedo, la vergüenza y una
sombra de
discriminación hacia las personas que viven con VIH.
Todos
los
países que tienen ayuda del Fondo Global tienen que entregar
preservativos. En lo referente a la distribución de
preservativos, el país donde más entregan es
Honduras
(2006: 8.9 millones de preservativos) y Costa Rica (28.5
millones). En Nicaragua se entregan cinco millones. En El Salvador, de
parte del MSPAS, los condones se reparten en forma limitada y el acceso
es igualmente limitado. Tampoco hay información con respecto
al
condón femenino.
No hay
información para las mujeres en zonas rurales o urbanas. Hay
muchas variables influyentes, como el machismo y el estigma:
aún
estando en poblaciones que manejan información sobre el VIH,
hay
discriminación, incluso dentro de los mismos grupos de apoyo.
Sobre
la Declaración No. 5
“Nuestro
compromiso es lograr avances importantes en la consecución
de la
meta de acceso a tratamiento universal para el VIH y Sida en el
año 2010 y nuestra firme intención de cumplir
dicha meta
tan pronto como sea posible, incluyendo los siguientes medios: iniciar
a la brevedad un proceso de armonización del manejo y
tratamiento del VIH y Sida en todos los países miembros del
SICA, para mejorar el acceso, la calidad y cobertura, con
aprovechamiento de las oportunidades de economías de escala
y de
poder de negociación conjunta de precios.”
A
partir del
año 2003, con el apoyo del Fondo Global, se ha incrementado
el
acceso a tratamiento. Dado que el Estado no se ha hecho responsable de
proveer el tratamiento antirretroviral, la intervención del
Fondo Global era necesaria. La falta sistemática y
frecuente de exámenes de Cd 4 y Cv es la causa
más
común que dificulta un acceso universal al tratamiento. En
el
caso de El Salvador, en lo que va del año 2008, han existido
dos
desabastecimientos de estas pruebas tanto en el MSPAS, como en el ISSS.
Uno de
los
obstáculos en el acceso a tratamiento continua siendo el
estigma
y la discriminación, como una práctica frecuente
en los
establecimientos de salud, que limita el acceso a tratamiento, en la
mayoría de los casos, a travestis, adultos mayores, usuarios
de
drogas, indigentes, niños de la calle, lo que aumenta su
vulnerabilidad y no fomenta acciones educativas sostenibles para el
autocuidado y evitar así nuevas infecciones.
Según
las
ONG, un alto número de personas que actualmente, necesitan
tratamiento tienen difícil acceso a servicios de salud, y se
encuentran también en personas que aun no conocen su
diagnóstico. Esto viene a dar como resultado
diagnósticos tardíos que muchas veces
tienen un
desenlace fatal.
El
Salvador, a pesar
de los “grandes avances”, el Sida ocupa la segunda
causa de
muerte a nivel hospitalario. Esto deja en entredicho el
“acceso
universal”, ya que no se ha logrado reducir el
número de
muertes relacionadas con el Sida. El contexto centroamericano no escapa
a esta realidad. Aunque en Costa Rica el Seguro Social ha asumido la
responsabilidad del Estado de brindar el tratamiento a todos sus
ciudadanos, puede decirse que a nivel regional, se presentan serias,
graves e inhumanas brechas entre las personas que tienen
tratamiento y las que no lo tienen, sumado a las condiciones
de
pobreza, marginación, exclusión social, estigma y
discriminación, que presentan estas sociedades, que aumentan
la
vulnerabilidad y mortalidad en las personas con VIH y Sida.
La
descentralización de la TARV, es aun una realidad lejana, ya
que
las personas tienen que recorrer grandes distancias para tener acceso,
lo que significa un gran desgaste físico y
económico;
asimismo, obliga a muchas personas a abandonar su tratamiento. Por
ejemplo, en el caso de Guatemala solo se cuenta con tres zonas del
país donde se ofrece la terapia antirretroviral, (Puerto
Barrios, Quetzaltenango –Municipio de Coatepeque-, y Ciudad
de
Guatemala), los cuales no alcanzan a cubrir toda la demanda. Sumado a
esto, los continuos desabastecimientos que ocurren principalmente en el
IGSS, dejan a las personas a la deriva con la continuidad de sus
tratamientos. Honduras, aunque se ha descentralizado a diversas zonas
del país, se amplió la cobertura gracias al Fondo
Global,
aun presenta las mismas dificultades que son señaladas en
Guatemala.
En lo
que respecta a
anuencia política, en Nicaragua ha ocurrido un
lamentable
retroceso en el tema de VIH, donde prácticamente ha
desaparecido
el apoyo político, llegándose a expresar al
más
alto nivel que “la vulnerabilidad ante el VIH, es un invento
de
la sociedad civil”. Esto ha venido a agravar la ya
difícil
e invisibilizada situación de las personas con VIH en
Nicaragua.
En
resumen, en la
región Centroamericana, aun estamos lejos de tener un acceso
universal a tratamiento. Aunque se ha hablado del tema al
más
alto nivel político, no hay acceso a la evidencia que
muestre
las acciones concretas realizadas por parte del Estado, con respecto a
los compromisos adquiridos. Hay avances, como el del caso de El
Salvador, pero hay retrocesos, como en Nicaragua. No hay planes de
compras conjuntas de antirretrovirales, no se han unificado los
protocolos de atención en los países, el Fondo
Global ha
ofrecido oportunidades de mayor cobertura, pero no ha garantizado la
sostenibilidad de las acciones.
Los
estados no
muestran intenciones de cumplir sus compromisos en cuanto a absorber el
apoyo iniciado con el Fondo Global. Es urgente e imperativo
que
la sociedad civil ejerza la presión necesaria para
garantizar la
cobertura universal a tratamiento, para detener el drama
humano
que significan las muertes relacionadas con complicaciones ocasionadas
por el Sida.
Suscrito
en San Salvador, el día 6 de octubre del 2008,
por los siguientes representantes del Observatorio Centroamericano del
VIH:
| NOMBRE |
ORGANIZACIÓN |
PAÍS |
Catherine Jennifer Argueta
Irma Yanet Hernández
Jaime Argueta |
Asociación
Nacional de Personas Positivas Vida Nueva (ANP+VN)
|
EL SALVADOR |
Doris Elizabeth Acosta de Alvarado
Mauricio Sánchez Hernández
|
Red Salvadoreña de Personas Positivas
|
EL SALVADOR |
| María Cristina Calderón
Menjívar |
Consejo Nacional Empresarial de
Prevención del VIH y Sida (CoNEVIH)
|
GUATEMALA |
Marta
Lidia Ajú Teleguario
|
Investigadora Antropóloga independiente |
GUATEMALA |
Caridad Herrera
Harold Francisco Campos |
Pastoral Social, Vicariato Apostólico de Bluefields |
NICARAGUA |
| Verónica Espinoza |
Pastoral del VIH, Caritas Arquidiocesana de Managua |
NICARAGUA |
| Isabel Pimentel Tristán |
Fundación Pro Bienestar y Dignidad de las personas
con VIH y Sida (PROBIDSIDA) |
PANAMÁ |
Claire de Mézerville López
Orlando Navarro
Sergio Ruiz |
 |
COSTA RICA |
